En
Suiza, si una iniciativa reúne más de 100.000 firmas validadas en
18 meses, el Consejo Federal, gobierno nacional del país, está
obligado a organizar un referéndum en el plazo de tres años, bien
sobre el texto exacto de la iniciativa o sobre una contrapropuesta
negociada con los impulsores. Cumpliendo con las exigencias señaladas
- se consiguieron 126.000 firmas-, el pasado 5 de junio del presente
año, los ciudadanos helvéticos fueron consultados sobre si votarían
a favor o en contra de modificar la Constitución para que en la
misma se contemplara una Renta Básica Incondicional (RBI), en los
siguientes términos:
Art 110 bis (nuevo) renta básica incondicional. La Confederación velará por el establecimiento de una renta básica incondicional. La renta básica debería permitir a toda la población poder llevar una vida digna y participar en la vida pública. La Ley reglamentará la financiación y el importe de la renta básica.
La iniciativa
recibió el apoyo del 23% de la población siendo, por el contrario,
rechazada, por el 77% (pueden consultarse los detalles aquí). Antes de abordar el
análisis de los resultados obtenidos, conviene aclarar que, ni por
parte del Consejo Federal -gobierno nacional de Suiza-, ni por las
Cámaras que componen el Parlamento se apoyó el tratamiento de esta
modalidad de renta. Por lo que se refiere al Consejo Federal, se
rechazó la iniciativa al considerar que una renta básica
incondicional tendría consecuencias negativas sobre la economía, el
sistema de seguridad social y la cohesión de la sociedad suiza y, en
particular, la financiación de dicho ingreso implicaría un
considerable aumento de la carga fiscal. Así las cosas solo quedaba
expedito el sistema de democracia directa de la Confederación
Helvética, dando la posibilidad de que los propios ciudadanos
manifestaran su postura en orden a dicha Renta, lo que no ha impedido
que la dirección nacional de casi todos los partidos, incluyendo al
Partido Socialista, recomendaran votar “no”, con las excepciones
del Partido Verde y el Partido Pirata (políticamente
insignificante), que recomendaron votar “sí” y a los que se
sumaron una serie de secciones cantonales del Partido Socialista de
las tres áreas lingüísticas.
Volviendo al
resultado de la consulta popular, ciertamente el porcentaje más
elevado ha sido el de quienes han rechazado la implantación de la
RBI, pero debe hacerse una lectura muy positiva de esta iniciativa,
como así lo ponen de manifiesto los promotores, en tanto que casi
una cuarta parte de la población ha mostrado su apoyo a la RBI. Por
otro lado, la consulta ha supuesto tener que profundizar y divulgar
un proyecto complejo que exige el análisis de los diferentes
problemas, así como contemplar la realidad de los diversos
escenarios. En este sentido, es especialmente significativa la
encuesta sobre el "Futuro de la Renta Básica Incondicional en
Suiza” que llevó a cabo el Instituto de Investigación Gfs.bern,
entre el 25 de mayo y el 1 de junio del presente año, y que se
publicó a las 12.01 (hora local) del mismo día de la consulta,
después de que las oficinas electorales se clausuraran, para no
interferir en el voto.
El resumen de los resultados de la encuesta
deviene especialmente interesante porque va más allá de la foto
fija que ha supuesto las cifras alcanzadas tras el escrutinio, al
permitirnos conocer la valoración que los ciudadanos hacen de la
RBI, fijándose en aquellos aspectos que generan especial
reticencia, al atribuirles una serie de consecuencias negativas,
frente a aquellos otros que reconocen los aspectos positivos de esta
modalidad de renta (Véase el documento aquí). En concreto, hay dos análisis especialmente interesantes. El primero
de ellos, en la página 3, hace una selección, incorporando los
porcentajes, de los argumentos contra la RBI, revelando que el 41% se
manifestó completamente de acuerdo en considerarse en contra de la
RBI por el coste elevado para su financiación; el 30% por el efecto
de atracción sobre los extranjeros y, por último, el 33% consideró
que la falta de motivación para trabajar afecta negativamente a la
implantación de este modelo de Renta. El segundo de ellos, recogido
en la página 4, en relación con los argumentos a favor de la
implantación, refleja que el 31% lo está por la necesidad de
nuevos modelos de estilos de vida; el 20%, porque da valor al
trabajo en casa y al voluntariado y, por último, el 15%, considera
que la RBI supondría la simplificación del sistema de bienestar
social.
Por consiguiente, la iniciativa - al margen del resultado relativamente positivo obtenido
- ha supuesto el inicio de un debate, improrrogable, sobre el valor
del trabajo, el crecimiento económico, la sociedad de consumo, la
brecha de la riqueza, la inseguridad, una vida digna al margen del
mercado y, en definitiva, sobre qué tipo de sociedad queremos para
el siglo XXI. Debate
que, al margen de la difícil materialización de esta modalidad de
renta, a corto plazo y en determinados ámbitos
geográficos, debe mantenerse si no queremos que las cada vez
más sangrantes diferencias sociales generen un clima de
conflictividad social, paliada en el pasado siglo por el avance de
los derechos sociales, con las consecuencias por todos conocidas.
María Dolores
VALDUEZA BLANCO. Profesora Titular Visitante del Área de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de
Madrid. Investigadora del Proyecto de Investigación “Las
prestaciones económicas de garantía de
recursos de subsistencia” (DER2013-48829-C2-2-R), financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad, Plan Nacional de
Investigación I+D+I.
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