La Renta Básica en el programa electoral de Izquierda Unida-Unidad Popular

La propuesta incluida en el programa electoral de IU-UP dice responder al principio expresado en los siguientes términos: “Ninguna persona sin trabajo, o formación remunerada, o ingreso básico”. Esta renta básica tiene como objetivo inicial la cobertura de, según los datos aportados por el propio documento, 2.1 millones de personas sin ingresos que en la actualidad no percibirían prestación alguna, estimándose el coste en 12.6 millones de euros. De esta forma, la Renta Básica sería un instrumento adicional de protección social, que en principio no eliminaría ni sustituiría ninguna de las prestaciones ahora vigentes. Con las limitaciones típicas de un documento de esta naturaleza, la propuesta de IU-UP responde a los siguientes rasgos fundamentales.

En primer lugar, la RB se diseña como un derecho subjetivo perfecto, por cuanto su percepción por los ciudadanos no está condicionada por la existencia de disponibilidad presupuestaria. Titulares de dicho derecho son, de manera individualizada, las personas mayores de 18 años o menores emancipadas. Frente a otras propuestas, en las que la unidad familiar se constituye como elemento subjetivo, en esta ocasión parece claro que el derecho correspondería a las personas consideradas de manera individual. Desde el punto de vista técnico, la propuesta elimina los problemas que en otras se derivan de la identificación del sujeto que percibe la prestación, y que asume con ello las obligaciones correspondientes; asimismo, desde la perspectiva práctica, la propuesta elude los problemas derivados de la administración y distribución de los recursos entre los miembros de la unidad familiar.

En segundo lugar, aunque la Renta Básica se configura como un derecho individual, no posee ámbito universal. Como en la mayoría de las propuestas conocidas, el acceso a la RB no se produce al adquirir la mayoría de edad, sino cuando la unidad familiar de la que formo parte se encuentra en situación de necesidad. De esta forma, el ámbito subjetivo de la RB se constriñe a quienes acrediten que no perciben rentas económicas superiores a una determinada cuantía, situada en el 70% del SMI. El documento no detalla, aunque sí hace referencia, cómo se determinará la pertenencia a una unidad familiar, ni de qué forma afectará el número de miembros de la unidad familiar a límite de rentas:

        

          “Para su reconocimiento se toma como base la unidad de convivencia, que puede ser de una o más personas. Tendrán derecho los mayores de 18 años o menores emancipados y el nivel de rentas y recursos se modulará según el número de personas que integren la unidad de convivencia.”

En tercer lugar, la cuantía mínima de la RB será el 70% del SMI, cuantía similar al límite de carencia de rentas. Nuevamente en esta materia, aunque también se hace referencia, no se explicita la forma en que podrá incrementarse la cuantía de la prestación en atención a la existencia o no de cargas familiares: “La renta básica a percibir en dinero será, al menos, equivalente, al 70% del Salario Mínimo Interprofesional y evolucionaría con su aumento. El límite de ingresos para que sea reconocido el derecho a esa renta será el mismo”.

En cuarto lugar, la Renta Básica se configura como una prestación no contributiva de la Seguridad Social, y deberá ser financiada íntegramente mediante aportaciones del Estado: “La financiación sería mediante la trasferencia del 100% del gasto desde los PGE del Estado”.

Rafael Gómez Gordillo
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Investigador del Proyecto de Investigación “Las prestaciones económicas de garantía de recursos de subsistencia” (DERE2013-48829-C2-1-R), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Plan Nacional de Investigación I+D+I

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El impulso de la Renta Básica en las diversas propuestas de UGT y CCOO

1. De la Renta Básica a la Prestación de Ingresos Mínimos

El 15 de enero de 2014, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO presentaron una iniciativa legislativa popular (ILP) para la implantación de la Renta Básica universal e incondicionada, con una regulación muy escueta, donde esencialmente se hacía referencia a la implantación progresiva de un derecho universal a la percepción de un ingreso mínimo de subsistencia, consistente en 645’33 Euros mensuales, que se causaría con independencia de las características personales o las condiciones sociales. 

Esta ILP estatal, que finalmente no prosperó en su tramitación Parlamentaria, ha coincidido con otras propuestas en ámbitos distintos, sin que su rechazo haya supuesto el final del impulso sindical de esta nueva forma de protección social. Pues, como se sabe, varios sindicatos y entidades sociales, con la participación de UGT y CCOO, presentaron una ILP de Renta Garantizada de Cataluña antes de que fuera formulada en el Estado, en adelante ILP-CAT, concretamente en enero de 2013, siendo rechazada el 26 de marzo de 2014, y admitida nuevamente a discusión el 1 de diciembre de 2015. Por otro lado, la fracasada ILP de Renta Básica ha estado seguida de otras formulaciones más concretas realizadas posteriormente, como la ILP de Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco, presentada por diversos movimientos sociales en noviembre de 2014, por la que se planteaba una modificación de la Ley Vasca 18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de ingresos y para la inclusión social, que fue rechazada en julio de 2015 por el Parlamento Vasco, que no será analizada en esta entrada. También se han realizado otras propuestas que han contado igualmente con el apoyo o la iniciativa de las organizaciones sindicales, entre las que interesa destacar especialmente, por su amplio desarrollo y concreción, la ILP de Renta Básica para la inclusión de Andalucía presentada por la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, con el apoyo de las organizaciones sindicales y Municipios entre otros actores sociales, en adelante ILP-A, que fue rechazada en julio de 2015 por la Junta de Andalucía, así como el documento Renta Básica para la inclusión realizado por CCOO Andalucía, con el apoyo de EAPN (Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social). Junto a estas ILP existen, y se están gestando en España, nuevas propuestas realizadas a iniciativa o con el apoyo de los sindicatos, como la Prestación de Ingresos Mínimos, presentada en el ámbito estatal por UGT y CCOO el 21 de abril de 2015, encontrándose actualmente en la preceptiva fase de recogida de firmas.