Algunas ventajas para la implantación de la Renta Básica

Breve referencia al artículo “Una renta para todos”, de Abel Fernández. Tiempo, número 1645, 2014

El 7 de abril de 2014 se publicó en el número 1645 de Tiempo un artículo titulado “Una renta para todos”, que parte, en primer lugar, de una pregunta clave: ¿es posible implementar en España una renta básica universal para todos los ciudadanos?; en segundo lugar, de una premisa inicial de la renta básica: todo ciudadano tiene derecho, por el mero hecho de serlo, a un salario mensual permanente e incondicional; y, en tercer lugar, de una condición necesaria para el planteamiento realista de la renta universal: no supondría un beneficio adicional para todos los ciudadanos sin ninguna contrapartida, sino que sustituiría parte de los servicios públicos que actualmente se disfrutan, a menudo gratuitamente, y también transferencias como pensiones o el desempleo. Solamente esta condición necesaria para poder financiar una renta de este tipo, su significado y afección al Estado de Bienestar, merecen unas reflexiones puesto que es crucial determinar el nivel de compatibilidad de dicha renta con el mantenimiento de las actuales políticas sociales, de forma especial, con el sistema educativo, sanitario y con el sistema de Seguridad Social y Asistencia Social.

Aunque algo se comenta al respecto, lo cierto es que en estas líneas se centra la atención en conocer algunas de las ventajas que pudiera tener el reconocimiento de una renta básica universal. Y es que, a pesar de que el autor afirma, sin ambages, la gran dificultad de implementar una renta de este tipo, ofrece hasta siete ventajas que tendría su implantación. De entre estas ventajas, destacamos las siguientes:

- Incentivar el trabajo. Una de las numerosas críticas vertidas a la renta básica es que puede producir el “efecto renta”, esto es, al disponer de más renta, menos se necesita trabajar para colmar las necesidades. Sin embargo, según se expone en este artículo, tanto los posibles cambios que se puedan producir en la obtención de los servicios públicos (se está pensando en la necesidad de tener que pagar de la renta determinados servicios, ahora gratuitos, en conexión con la contrapartida a la que antes se hacía mención), como el carácter incondicional de la percepción de la renta en el sentido de que se añade el salario íntegro, reduciéndose el tipo marginal efectivo que soporta una persona en desempleo que empieza a trabajar (dejar de percibir prestaciones o ayudas económicas y soportar cotizaciones sociales), permiten reducir el “efecto renta”. Es lo que se conoce como la superación de las “trampas de la pobreza y del desempleo”, que derivan del carácter no acumulativo que tienen los subsidios condicionados a límites de recursos, lo que sí provoca un desincentivo al trabajo. Para ello, la renta básica se configuraría no como un tope máximo, sino como un nivel mínimo o básico, a partir del cual cabe la acumulación de otros ingresos. En conexión con esta ventaja se encuentra el argumento filosófico (que no jurídico) a favor de que por primera vez en la historia se permitiría a todos los ciudadanos (y no sólo a una minoría privilegiada) la posibilidad de elegir entre trabajar remuneradamente o no, para lo que habría que superar algunas confusiones como equiparar trabajo, con trabajo remunerado, diferenciando, asimismo, trabajo remunerado, trabajo doméstico y trabajo voluntario (Daniel RAVENTÓS, en “Renta básica de ciudadanía. Filosofía, economía y política”).

- Superación de la exclusión social. La renta básica universal podría solucionar el problema de la exclusión social, evitando la situación de vulnerabilidad económica y social de los colectivos que, por razones varias, tienen muy difícil acceder al mercado de trabajo y se ven abocados a mantenerse en una situación de permanente soporte prestacional, con el consiguiente deterioro físico y mental que ello puede producir. Ello enlaza con otra ventaja que, al menos, de forma expresa no se menciona en este artículo, cual es que, a diferencia de las prestaciones o subsidios que se condicionan a la carencia de ingresos, que ofrecen una protección tras la pertinente solicitud y comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso, la renta permitiría proteger de forma preventiva, reduciendo las situaciones de exclusión social.

- Menos burocracia. La implantación de una renta básica, sin condiciones, sin comprobaciones de límites de ingresos, sin duda, supondría una acentuada reducción de la estructura administrativa destinada a controlar quién tiene o no derecho a recibir cualquier tipo de servicio o ayuda, así como la gestión de su provisión, lo que supondría un notable ahorro de recursos del sistema.

- Más seguridad personal, más productividad. Esta ventaja está vinculada a la posibilidad que ofrecería el disfrute de una renta básica de poder tener, una vez cubiertas las necesidades elementales, un mayor margen a la hora de elegir el tipo de trabajo. En el entendido de que el desarrollo de un trabajo que apasione (y no cualquier trabajo que permita obtener unos ingresos para sobrevivir, aunque no se ajuste ni siquiera a la cualificación profesional) incrementa el rendimiento y la productividad, repercutiendo en la renta per cápita del país.

- Racionalización de los servicios públicos. El autor de este artículo entiende que “la renta básica, al requerir un pago por el disfrute de los servicios públicos, daría lugar a un ahorro en el sistema”. Esta ventaja, que tiene su base en la condición necesaria para el planteamiento realista de una renta básica que antes se mencionó, es más que discutible y requiere una atención especial, puesto que, como se dijo antes, es crucial analizar la repercusión de la implantación de una renta de este tipo en el Estado de Bienestar. Son muchas las cuestiones que se suscitan, englobándose todas ellas en una esencial: ¿como afectará la renta básica a las políticas sociales, especialmente, a la Sanidad, la Educación, la Seguridad Social y los Servicios Sociales? En nuestra opinión, sin duda, apostar por una renta básica que exija, para su financiación, recortes en la educación, sanidad o prestaciones públicas, sería muy peligroso. Es necesario hacer compatible la universalidad y gratuidad de la educación y sanidad públicas con la renta básica, puesto que, en caso contrario, los efectos para los sectores más pobres serían más perjudiciales que la situación actual. Sin embargo, la renta básica sí plantea el razonable, conveniente y necesario debate acerca de cómo quedarían las prestaciones del sistema de Seguridad Social y de la Asistencia Social. Determinar la pervivencia de estas prestaciones o, en su caso, su reestructuración y régimen jurídico es una de las cuestiones claves para poder ubicar y articular de forma adecuada la renta básica.  


Margarita Arenas Viruez, Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla